Saab califica de “incoherente” el fallo del Constitucional de Cabo Verde en su contra
«Está mal escrito, mal argumentado y es jurídicamente incoherente», afirmó Saab, detenido en el país insular africano desde junio de 2020 a petición de EE. UU., en una carta publicada por su equipo legal sobre el veredicto del Constitucional.
El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tildó hoy de “incoherente” el fallo del Tribunal Constitucional de Cabo Verde que esta semana avaló la constitucionalidad de su extradición a Estados Unidos, que reclama su entrega por supuesto blanqueo de dinero.
“Está mal escrito, mal argumentado y es jurídicamente incoherente”, afirmó Saab, detenido en el país insular africano desde junio de 2020 a petición de EE. UU., en una carta publicada por su equipo legal sobre el veredicto del Constitucional.
“Utilizar la ley con fines políticos (…) para que tenga éxito requiere que los jueces que lo lleven a cabo tengan algún talento inherente que, por desgracia, parece estar ausente en los numerosos jueces de Cabo Verde que se han sentado a juzgarme en los últimos 15 meses”, subrayó el empresario.
“Sencillamente, el resultado es jurídicamente deplorable”, zanjó el presunto testaferro.
Pese al fallo en su contra, afirmó, “sigo confiando en que prevaleceré en mi batalla contra la extralimitación judicial por motivos políticos de Estados Unidos”.
“No capitularé”
“No importan las pruebas falsas, ni la cantidad de presiones políticas aplicadas por Estados Unidos, ni el alcance de la conspiración moralmente corrupta de Cabo Verde con sus nuevos amos coloniales, no capitularé y simplemente me retiraré”, aseveró.
“No tengo sino palabras de agradecimiento por contar con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, su gabinete y el pueblo venezolano en estos últimos 15 meses (…). No dejaré ninguna piedra legal sin remover ni ningún foro sin explorar para conseguir mi libertad”, dijo Saab, que termina la carta con un “Leal siempre.¡Venceremos!”.
La misiva de hizo pública horas después de que su abogados emitieran un comunicado criticando el fallo del alto tribunal caboverdiano, que tacharon de “suicidio constitucional”.
En un veredicto publicado el pasado día 7, la corte juzgó “improcedente” el recurso interpuesto por Saab contra la supuesta inconstitucionalidad de su arresto para frenar su extradición.
El Constitucional divulgó una resolución de 194 páginas en la que responde al recurso en el que Saab alegaba, según el tribunal, que durante el proceso de extradición “se aplicaron reglas inconstitucionales”.
La corte vino a dar la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia, que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega de Saab a EE. UU.
En la práctica, el fallo del Tribunal Constitucional da -salvo sorpresa o imprevisto- vía libre a la extradición, aprobada también por el propio Gobierno caboverdiano el año pasado.
Intentos infructuosos para frenar la extradición
Hasta ahora, todos los intentos legales de detener su entrega a EE. UU. han resultado infructuosos ante la Justicia caboverdiana, en un proceso en el que la defensa argumentó siempre que era “ilegal” y que tenía motivaciones políticas.
El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, en respuesta a una petición de EEUU a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
Tras su detención, Venezuela insistió en que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según las autoridades estadounidenses, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con “cientos de millones de dólares”.
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