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Gobierno de López Obrador reconoce que caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado

El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido por primera vez que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trató de «un crimen de Estado» y, en las últimas semanas, las autoridades han detenido en relación con el caso al exfiscal Jesús Murillo Karam, acusado de torturas; y a cuatro militares de alto rango.

El pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno, en una conferencia de prensa presentó el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, en el que, además de reconocer que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado, se detalla que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles.

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También se confirmó la infiltración en la escuela de un soldado infiltrado, Julio César López Patolzin, que habría ayudado presuntamente a localizar a los estudiantes y que terminó por desaparecer junto con los otros 42 jóvenes.

«Es muy relevante que el Estado reconozcan, por un lado, que hubo responsabilidad estatal en las desapariciones, que no se trataba solo de un grupo de policías locales coludidos con un grupo pequeño del crimen organizado», dijo en entrevista con Efe María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Explicó que el informe reconoce la colusión de los tres niveles del Estado, «el estatal, el federal e incluso militares castrenses».

Otro tema del informe «no tan visible», relató, son los obstáculos que se han interpuesto por parte de las Fuerzas Armadas para alcanzar la verdad, ya que tardaron tres años en entregar la información relativa al caso a pesar de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ordenaba que todas las instituciones hicieran entrega de estos documentos.

Cuatro militares detenidos

En días posteriores a la publicación del informe indicó que se habían emitido más de 80 órdenes de aprehensión entre ellas 20 a militares de los batallones de la ciudad de Iguala, donde desaparecieron los jóvenes. Sin embargo, hasta el momento solamente 4 se llevaron a cabo.

Esto, tanto para los familiares de las víctimas como para organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, supone un escenario de incertidumbre y espera, puesto que, aunque para ellos es positivo que el Estado reconozca la implicación de las Fuerzas Armadas en el mencionado y trágico caso, no comprenden que las detenciones vengan a cuentagotas.

«No podemos decir que lo celebramos, más bien tenemos preocupación por esa dosificación», dijo en una entrevista con Efe en la escuela rural de Ayotzinapa Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes.

Agencias

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