Se encontraban en cruentas cárceles de Ortega. Ahora están al borde de la indigencia en Miami

Hace nueve meses un avión aterrizó a media mañana en suelo estadounidense con 222 opositores nicaragüenses que el régimen del gobernante Daniel Ortega los mantenía presos en cárceles tan tenebrosas como El Chipote, conocido como un centro de tortura.

Los ex presos políticos, a quienes Ortega despojó de su nacionalidad tras liberarlos, llegaron a Estados Unidos esperando reiniciar sus vidas, pero algunos de ellos que están en Miami ahora enfrentan serias dificultades al no tener trabajos para mantener sus viviendas y confrontan problemas de salud. Nicolás Palacios, de 70 años, se mantiene a duras penas con la ayuda de “manos amigas”, lo que le ha permitido pagar la habitación compartida donde vive en el área de Kendall, en el Condado Miami-Dade.

“Mi situación es bien difícil, hasta el momento no he podido conseguir trabajo. Estoy pasando por situaciones complicadas, soy una persona con diferentes enfermedades crónicas.

Estamos confiado en Dios en que salga un trabajo para poder seguir subsistiendo como lo hemos hecho hasta el momento”, dijo Palacios en una entrevista con el Nuevo Herald.

Tanto él como Donald Albarenga Mendoza, otro ex preso político, afirmaron que son ocho nicaragüenses liberados los que confrontan problemas para conseguir trabajo; algunos de ellos son personas mayores.

Palacios participó en las protestas que estallaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018, llamada la ”Rebelión de abril”, contra una reforma al sistema de seguridad social y terminaron en manifestaciones contra el régimen de Ortega que dejaron cientos de muertos, detenidos y desplazados. Se convirtió en el primer agredido de las manifestaciones cuando marchaba con una pancarta en el departamento de León, en el occidente de Nicaragua, y grupos sandinistas lo atacaron, en un hecho que causó indignación en el país centroamericano.

“Ese día decidí protestar porque iban a quitar un porcentaje de la escuálida jubilación, me golpearon y ese día ya quedé mal visto por el gobierno hasta que me secuestraron el 11 de noviembre de 2022 y me llevaron a El Chipote”, relató.

Allí estuvo hasta que lo liberaron con otros 221 presos políticos de Ortega entre los que había opositores políticos, activistas estudiantiles, empresarios y periodistas que fueron trasladados a Washington. El gobierno estadounidense les concedió un permiso humanitario de permanencia temporal por un periodo de dos años que les permite trabajar y vivir legalmente en el país.

“El 9 de febrero de 2023, los Estados Unidos recibieron a 222 personas a los que encarceló el gobierno de Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales y que soportaron detenciones injustas por extensos períodos”, dijo el Departamento de Estado en ese momento. Pero Palacios inicialmente no pudo buscar empleo porque tuvo problemas con su permiso de trabajo. Primero se extravió porque lo enviaron a la dirección equivocada y luego cuando lo recibió tenía un error en su fecha de nacimiento por lo que tuvo que solicitar a las autoridades una corrección. Finalmente le llegó el permiso de trabajo con los datos correctos a finales de septiembre.

“En este momento estoy buscando trabajando”, dijo Palacios que en el pasado ha ejercido como administrador de empresas y contador. TOCANDO PUERTAS EN MIAMI Donald Albarenga Mendoza, de 58 años y quien sufre de insuficiencia renal crónica, eso otro de los ex presos políticos nicaragüenses que necesita trabajar. Contó a el Nuevo Herald que, cuando llegó a Estados Unidos, unos contactos y el Comité de Sobrevivientes de Víctimas de Tortura del Golfo, con sede en Miami, lo asistieron.

La organización lo ayudaba con el pago de la vivienda en La Pequeña Habana, pero este mes de noviembre no pudo continuar asistiéndolo porque se agotaron los recursos que provenían de un fondo de emergencia asignado por el Departamento de Estado para pagar vivienda a los 222 ex presos políticos. “Esa es mi situación junto con la de otros adultos mayores, de más de 60 años de edad. Por eso estamos tocando puertas a ver en qué nos ayudan con la vivienda. Nosotros no estamos pidiendo limosna, si no que un organismo pueda colocarnos en un trabajo digno”, dijo Albarenga Mendoza.

El ex preso político está desesperadamente buscando opciones para poder pagar el alquiler de diciembre de la habitación en la que reside en La Pequeña Habana. En cuanto a su salud informó que logró tener un seguro de salud y recibe diálisis, mientras planea realizar trámites para estar en la lista de espera por un transplante de riñón.