Denuncian a Sebastián Piñera ante la CPI por presuntos delitos de lesa humanidad
El juez español Baltazar Garzón, junto a la CHDH, la AAJ y CRED, presentaron el escrito denunciando al Presidente y a sus «colaboradores civiles, militares y policiales» por acusaciones de crímenes de lesa humanidad «cometidos de manera generalizada y sistemática».
El ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), emitieron esta jornada un escrito con destino a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, para solicitar que se investigue, acuse e inicie un juicio contra el Presidente Sebastián Piñera por “crímenes de lesa humanidad” durante el estallido social de 2019.
La información fue confirmada por Ciper, donde detallaron que el recurso también apunta a colaboradores civiles, militares y policiales del Jefe de Estado, debido a las acusaciones de represión “cometidos de manera generalizada y sistemática”.
“Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, explicó Garzón.
Para realizar la acusación, sus impulsores detallaron que la corte internacional debe intervenir debido a que en Chile los casos “son erróneamente calificados como delitos comunes” y cuyas investigaciones han mostrado demoras categorizadas como injustificables y que se han evidenciado algunas actuaciones que no cumplen con la igualdad ante la ley.
“(Los casos) son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final».
«Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”, expusieron en el documento entregado esta mañana.
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