El fujimorismo se juega su futuro ante la justicia peruana
El movimiento político fundado hace tres décadas por el expresidente peruano Alberto Fujimori se juega su futuro desde este lunes en la justicia, que debe decidir si lo suspende por 30 meses, lo que marginaría a su hija Keiko de las elecciones de 2021.
El juez Víctor Zúñiga abrió este lunes una audiencia para resolver si acoge o no un pedido de la fiscalía de inhabilitar al partido fujimorista Fuerza Popular (derecha populista) durante dos años y medio, en el marco de la causa por supuestos aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
En esta audiencia que acapara la atención nacional, el fujimorismo enfrenta una de sus mayores amenazas desde 1990, mientras Perú intenta superar una crisis política que lo llevó a tener tres mandatarios en una semana a inicios de este mes.
Con un fallo adverso el fujimorismo quedará impedido de competir en las elecciones generales del 11 de abril de 2021.
La fiscalía busca con esta medida despejar el camino para seguir las investigaciones contra Keiko, de 45 años y su entorno por supuestamente recibir aportes ilegales de campaña de Odebrecht.
La dos veces candidata presidencial (2011 y 2016) tildó de «arbitrario» el pedido de la fiscalía en un tuit minutos antes de la audiencia, en la que ella no participa y que se desarrolla en forma virtual por la pandemia del coronavirus.
Afuera del tribunal, una treintena de fujimoristas se manifestaban alzando pancartas que decían «Keiko presidente 2021» y «basta de persecución».
Si bien el fallo puede ser apelado, si es adverso complicaría las opciones del fujimorismo en momentos en que comienza la campaña electoral de 2021.
«Dinero ilícito»
El fiscal José Domingo Pérez dijo durante la audiencia que una organización criminal se constituyó dentro de Fuerza Popular para obtener poder político y recibir dinero ilícito.
«Estamos solicitando esta suspensión porque quien ejerce actualmente al día de hoy la representación y presidencia del partido es Keiko Fujimori quien tenía conocimiento de la ilicitud del dinero que ingresaba a esa organización», agregó.
Según Pérez, el Tribunal Constitucional peruano ya dictaminó que las organizaciones políticas pueden ser sancionadas penalmente por lavado de activos.
Pero el abogado de la dirigente, Christian Salas, negó que el partido sea una «organización criminal».
«El partido político Fuerza Popular, según la propia fiscalía, había sido instrumentalizado. Eso es una hipótesis que aún está en parte de la investigación», afirmó.
Después de «más de tres años de investigación, el fiscal debería presentar elementos de convicción suficientes» y no meras sospechas, añadió Salas, quien solicitó al juez que «declare improcedente este juicio».
Luego de las exposiciones del fiscal y el defensor, el juez cerró el debate y dijo que emitirá su fallo «en un plazo prudente» (pueden ser varios días), de acuerdo a su carga de trabajo.
Keiko, quien estuvo en prisión preventiva 16 meses por este caso, niega haber recibido dinero ilegal para sus campañas de 2011 y 2016, en las que estuvo cerca de ganar la presidencia.
El caso Odebrecht también salpica a cuatro exmandatarios peruanos.
En una entrevista con la AFP la semana pasada, Keiko afirmó que «este pedido de suspensión, si es que es otorgado, en realidad lo que concede es una pena de muerte al partido».
«Yo lo que pido es que el pueblo decida» en las urnas, agregó Keiko, argumentando que «peligra una elección transparente en nuestro país» por una «decisión de dos personas», en referencia al fiscal y el juez.
Keiko lidera el movimiento fundado por su padre, ahora de 82 años, quien cumple una condena de 25 años por corrupción y crímenes contra la humanidad en su gobierno (1990-2000).
Muchos peruanos admiran al expresidente de ancestros japoneses porque derrotó a las guerrillas y detuvo la hiperinflación heredada de Alan García.
Pero el fujimorismo, fuerza gravitante desde 1990, ha perdido influencia y no tuvo protagonismo en la crisis que condujo a Perú a tener tres presidentes en pocos días: Martín Vizcarra (en el poder entre marzo de 2018 y el 9 de noviembre pasado), Manuel Merino (que gobernó cinco días) y Francisco Sagasti.
Un sondeo de la firma Ipsos da 5% de apoyo a Keiko de cara a las elecciones de 2021, en las que será elegido el sucesor de Sagasti y será renovado el Congreso.
AFP
