España: Imputan al fiscal general por revelar secretos
La decisión del Tribunal Supremo de investigar, por primera vez en la democracia española, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una caso vinculado con la pareja de la dirigente conservadora Isabel Díaz Ayuso ha agravado la crispación política en España y el enfrentamiento entre el Gobierno socialista y la oposición.
El Gobierno español, dirigido por el socialista Pedro Sánchez, cerró hoy filas en defensa del fiscal, mientras el conservador Partido Popular reclamó su dimisión inmediata.
La decisión unánime del Tribunal Supremo (TS) de abrir una causa penal a García Ortiz está motivada por la difusión de datos sobre un caso polémico: el procedimiento judicial por fraude a la hacienda pública cometido por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las más relevantes dirigentes de la derecha española y muy crítica con las políticas de Pedro Sánchez.
«Desmentir un bulo no es delito»
El ministro de Justicia, el socialista Félix Bolaños, respaldó al fiscal general y opinó que este asunto «quedará en nada» porque «contar la verdad y desmentir un bulo» no puede ser delito.
El Supremo español también investigará a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz, su superior jerárquico, datos para la elaboración y publicación del desmentido sobre la negociación con González Amador.
El empresario presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos miembros del Ministerio Público por la difusión de datos a medios sobre su caso.
En una nota informativa con membrete de la Fiscalía, se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación sobre González Amador.
Tras asumir García Ortiz la responsabilidad de difusión, el TSJM envió la causa al Tribunal Supremo, que deberá determinar si los fiscales revelaron secretos o informaciones de carácter reservado que conocieron en el ejercicio de su cargo.
La polémica ha acompañado varias decisiones de García Ortiz desde que asumiera la Fiscalía General española, en 2022.
La derecha le ha cuestionado por defender la aplicación total de la ley de amnistía a los líderes del proceso independentista catalán ilegal de 2017 y le ha acusado de actuar «a las órdenes» del Gobierno.
