Trump pide a la Corte Suprema revoque el fallo que le impide utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones
El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia que intervenga en la disputa legal sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que utilizó para expulsar del país a venezolanos que acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, pese a que un juez había bloqueado la medida.
Se trata de una apelación de emergencia, que específicamente solicita a los magistrados el máximo tribunal del país que revoquen la orden del juez federal de distrito James Boasberg.
Observadores de la política local coinciden en afirmar que esta pelea legal es una de las más importantes del inicio del gobierno de Trump, porque está enfrentando abiertamente al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, a tal punto -afirman- de que podría desencadenar en una crisis constitucional, indica Univisión.
La movida de la Casa Blanca este viernes ocurre días después de que una corte de apelaciones federal mantuvo la orden judicial que prohíbe al gobierno de Donald Trump la deportación de inmigrantes sin el debido proceso amparándose en la ley que data de 1798, y que afectó a un grupo de más de 200 venezolanos expulsados a El Salvador.
Un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la orden del 15 de marzo que prohibía temporalmente las deportaciones en virtud de la ley centenaria de tiempos de guerra.
Invocando esta ley por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense deportó a cientos de personas en virtud de una declaración presidencial que calificaba a la pandilla venezolana Tren de Aragua de fuerza invasora.
El Departamento de Justicia apeló después de que el juez federal de distrito James Boasberg bloqueara las deportaciones y ordenara el regreso a EEUU de dos aviones con inmigrantes venezolanos, lo que el ejecutivo republicano no cumplió.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron la demanda en nombre de cinco extranjeros venezolanos detenidos en Texas.
Boasberg, juez principal del tribunal federal de distrito en Washington, se ha comprometido a determinar si el gobierno desafió o no su orden de hacer regresar los aviones.
El gobierno ha invocado el «privilegio de secretos de Estado» y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó que «el juicio político no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial».
La Ley de Enemigos Extranjeros permite deportar a extranjeros sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o un tribunal federal.
Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos miembros de pandillas.
Su fallo declaró que existe «un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar».
