Liberan a dos trabajadoras del Correo del Caroní tras horas de arresto
La periodista venezolana María Ramírez Cabello y su compañera de trabajo Susana Reyes, ambas del diario regional Correo del Caroní, fueron puestas en libertad este martes luego de horas bajo arresto en el estado Bolívar (sur, limítrofe con Colombia), informó el rotativo.
“Susana Reyes y María Ramírez Cabello fueron liberadas luego de estar cinco horas detenidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)” en la ciudad de San Félix, indicó el periódico en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de ambas mujeres.
La información fue difundida en la misma red social por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que agregó que a ambas “les devolvieron sus teléfonos celulares”.
El rotativo había informado antes que, tras seis horas de allanamiento a las oficinas del periódico, funcionarios del Sebin se llevaron detenidas a Ramírez y Reyes y les habían decomisado cuadernos administrativos y una computadora.
Una fuente del sindicato aseguró a EFE que las mujeres estuvieron durante más de tres horas “detenidas y sin abogados”.
Un grupo de agentes del Sebin allanó este martes, en la ciudad de Puerto Ordaz, la sede del periódico Correo del Caroní, cuyo director, David Natera, fue detenido durante unas horas el pasado 12 de octubre.
Cerca de las 10:10 hora local (14:10 GMT), el diario denunció en su cuenta de Twitter que una comisión del Sebin allanaba la sede e impedía la entrada al abogado del medio, Roderick Germán Borregales.
“Me dijeron que no podía estar. Que me saliera. Ellos dicen que es una visita domiciliaria pero no es más que un eufemismo para disimular un allanamiento”, dijo Borregales, según recoge el propio diario en Twitter.
La ONG Espacio Público documentó en septiembre pasado 49 violaciones a la libertad de expresión, de los que la mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.
La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4 %). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.
En los nueve primeros meses del año, en Venezuela se produjeron, al menos, 796 violaciones al derecho a la información.
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